Cataluña continúa discriminada en la distribución del 0,7% del IRPFF

El Departamento de Bienestar Social de la Generalitat ha analizado las subvenciones del 0,7% del IRPF destinadas a programas sociales en Cataluña de estos últimos años, y ha constatado una vez más que la participación catalana (que siempre se ha situado alrededor del 14%) sigue distando mucho del criterio de población (19%) o de la aportación de los contribuyentes catalanes (25%).

Concretamente el año pasado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad destinó en programas sociales en Cataluña sólo un 14,17% del total de 210 M€ distribuidos para proyectos de entidades sociales. Fueron 29,7 M€, es decir, 22 M€ menos del total aportado por los contribuyentes catalanes al hacer la declaración de la renta, y 10 M€ menos que si se aplicara un criterio de reparto en función de la población de cada territorio.

Por este motivo, la Taula del Tercer Sector se ha dirigido por carta a la nueva Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camarero, para pedirle  que en esta próxima convocatoria de 2014 el Ministerio incremente el porcentaje del total destinado a programas sociales en Cataluña.

La convocatoria de 2014 de estas ayudas está previsto que se publique al BOE en las próximas semanas, sin cambios significativos respeto la convocatoria de 2013. Hace unos meses ya se había especulado sobre la posibilidad que la convocatoria presentara cambios importantes en los requisitos de algunas entidades para poderse presentar. A la vez la justicia está pendiente de pronunciarse sobre los recursos presentados por algunos sindicatos y por el gobierno catalán sobre la convocatoria de 2013.

El conflicto competencial entre el Estado y la Generalitat por este tema tiene un largo recorrido. El último episodio fue el BOE del día 9 de enero, que informaba que la Generalitat había interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real decreto 535/2013, de 12 de julio, por el cual se establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradores con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Este decreto es el que regula el nuevo sistema del 0,7% del IRPF y de Régimen General destinado a entidades sociales, que fue reformado el año pasado por el Estado para esquivar las 12 sentencias de los últimos años del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que lo obligaban a territorializar estas subvenciones.